Desde 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce a México “como el más peligroso del continente para el ejercicio periodístico”. Por su parte, Reporteros sin Fronteras, advierte, desde hace algunos años, que “México figura como el país, sin conflicto armado, más peligroso para el ejercicio periodístico”. Los datos, en efecto, son apabullantese indignantes. Desde el año 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 154 asesinatos de periodistas en México, en relación con su labor. Del total, 142 son hombres y 12 más son mujeres.

El sexenio con más periodistas asesinados pertenece a Felipe Calderón, con el aciago conteo de 48 tantos.Con López Obrador, sin embargo, el número es verdaderamente alarmante: se tiene registro de un total de 35 periodistas asesinados en lo que va de su administración. Vamos, son tan sólo 12 los periodistas ejecutados en este año (2022) en nuestro país, para empatar al año más sangriento en el siglo XXI: 2017 con, también, 12 periodistas asesinados. Todo ello ha marcado “el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro”, según el reciente informe de ARTICLE 19. De acuerdo con Humberto Padgett, periodista de investigación, el 89.37% de los asesinatos en contra de periodistas acredita un indignante estado de impunidad.

Esto viene a cuenta por el reciente ataque directo a Susana Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, quien después de transmitir el programa radiofónico “Todas las Voces Cuentan”, en donde entrevistó al presidente del Ejido Vallarta, quien denunciaba la construcción irregular de un complejo inmobiliario, fue apuñalada en cuello y tórax. Como reconocen los médicos, “de milagro”, y para bien, se encuentra ahora con vida.

Infinidad de medios de comunicación han condenado el brutal ataque a Susana Mendoza Carreño. 212 periodistas en el país y de América Latina, signaron un texto que fue publicado en algunos medios nacionales y locales, exigiendo un “Ya Basta a la Violencia”. La CNDH emitió un comunicado en donde solicitó a la Guardia Nacional, al Gobernador del Estado y al secretario general de Gobierno, “la implementación de medidas cautelares con el propósito de que se realicen las acciones necesarias, suficientes e idóneas para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal y emocional” de Susana Carreño. La CEDHEJ inició el expediente de queja respectivo, y solicitó las mismas medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno, a la Fiscalía Estatal y al presidente municipal de Puerto Vallarta.

ARTICLE 19 y la Universidad de Guadalajara han pedido al Gobierno del Estado y a la Fiscalía Estatal no descartar el móvil de un ataque directo relacionado con su labor periodística, relacionada con actos de corrupción y desarrollos inmobiliarios fuera de norma. Especialmente en Puerto Vallarta, aunque no exclusivamente. Se ha solicitado realizar una investigación exhaustiva con la aplicación del ‘protocolo homologado en investigación de delitos contra la libertad de expresión’ y, sobre todo, dar carpetazo a su caso anticipando conclusiones, cuando la investigación apenas inicia.

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