Los informes de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco indican que de la revisión de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, existen 79.4 millones de pesos que no pudieron ser acreditados en quince cuentas públicas, según la nota publicada ayer por Rodrigo Rivas Uribe en El Informador. El Fideicomiso Ciudad Creativa Digital tiene 10 millones 792 mil 298 pesos que no pudo comprobar, por lo que debe reintegrar esos recursos. Pero la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco dice que “no saber a quien debe castigar”. Así que ante la falta de voluntad política para sancionar a quienes hicieron un gasto ilegal de recursos públicos, y por lo tanto afectaron el patrimonio de Jalisco, piden que les hagan una “segunda revisión” en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para que ahora sí, la cuenta del Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital salga ‘rechinando de limpia’. El argumento del diputado presidente de la Comisión de Vigilancia es por demás ridículo, ya que afirma que la cuenta no puede ser dictaminada, porque ¡desconoce a quién se le fincarán los cargos!.
El pacto de impunidad de Jalisco se hace valer para librar de las responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios que llevan el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital, mismos que han sido observados por todas las instancias revisoras: La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de Jalisco y la Contraloría del Estado de Jalisco. Algo ocurre con este fideicomiso. ¿Será que las tres instancias revisoras conspiran en su contra? (otro compló) o de plano, los funcionarios del fideicomiso son profundamente incompetentes. Recordemos que el diario NTR documentó que “la Auditoría Superior de la Federación (ASJ) detectó irregularidades por más de 163 millones de pesos en la construcción del primer complejo de la Ciudad Creativa Digital (CCD), en Guadalajara, por obras que fueron (ojo) pagadas y no ejecutadas (ellos pagan por adelantado lo que aún no se ha construido). Ese monto equivale a 47 por ciento de todos los señalamientos que se le hicieron a Jalisco, por inconsistencias en el gasto de recursos federales”. Según información que la SIOP proporcionó a la periodista Sonia Serrano, “se encontraron dos montos de obra pagada y no ejecutada, uno por 98.6 millones de pesos y otro más por 55.8 millones de pesos. Además, se hicieron señalamientos por otros 8.5 millones de pesos”.
A su vez, la auditoría Superior del Estado les fincó cargos (no observaciones, esas fueron hechas y no pudieron ser solventadas) por 10 millones 792 mil 298 pesos. Mientras que la Contraloría de Jalisco encontró 2.2 millones de pesos de inconsistencias en el gasto 2016. Seis empleados indemnizados cuando renunciaron voluntariamente. Otras indemnizaciones a personas que tenían cargo directivo y a la que fungió como secretaria particular del presidente del Fideicomiso CCD. Adjudicaciones directas que superan el monto máximo permitido por la ley, pago de ‘asesorías administrativas y legales’ (para cometer tantos errores) y la contratación ilegal de un despacho que se hiciera cargo de operar el fideicomiso (¿entonces cuál es la responsabilidad de Julio Acevedo?). Incluso, asesorías para procesos “contable y fiscal”, que como resultado dieron un desastre de manejo financiero.
Entre lo más observado está el llamado fideicomiso CCD Ventures, donde el protagonista es Juan Jaime Petersen, el ‘asesor financiero’ del gobierno para las brillantes inversiones de IPEJAL en Abengoa. De acuerdo a la investigación realizada por periodistas del 44LAB, “en la página 161 del informe de la ASEJ comienza el detalle de cómo fueron ejercidos, indebidamente, estos recursos. Este dinero llegó al Fideicomiso para pagar proyectos que impulsara la industria creativa, mismos que jamás fueron aplicados. Fueron señalados por la auditoria porque se gastaron de manera irregular”. “No existió un convenio para que el Fideicomiso de Ciudad Creativa le otorgara ese dinero a un tercero llamado Fideicomiso CCD Ventures (que maneja Juan Jaime Petersen). Funcionarios de un Fideicomiso que con sus actos han dañado la reputación del proyecto de CCD. Mientras tanto, el Sistema Anticorrupción permanece siego, sordo y mudo…
