El pasado 15 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emitió un Comunicado en donde señaló su desacuerdo con la metodología hecha por el INEGI para la obtención de la información correspondiente a las variables que conforman la medición de la pobreza –hecha por CONEVAL–:rezago educativo, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación, salud, seguridad social, servicios básicos de la vivienda, grado de cohesión social e ingreso de los hogares. Grosso modo, el CONEVAL objetó 1) la ruptura metodológica que para la medición de la pobreza se ha hecho de manera bienal de 2008 a 2014, lo que dificulta los comparativos sobre su evolución histórica; 2) dudas razonables sobre los resultados de la nueva metodología hecha por INEGI, contrarios a toda lógica y tendencia, los cuales indican que el ingreso de los hogares tuvieron un incremento real de 11.9 por ciento de 2014 a 2015, y de 33.6 por ciento en los hogares más pobres del País; y 3) la falta de transparencia y trabajo técnico conjunto entre INEGI y CONEVAL para el desarrollo de dicha metodología, que contraviene el convenio de colaboración signado entre ambos organismos.
Al respecto, es importante destacar que el CONEVAL es el único facultado constitucionalmente para medir la pobreza en nuestro País (Art. 26, Apartado C: CPEUM). El indicador multidimensional de pobreza que mide CONEVAL considera dos grandes enfoques: la vulnerabilidad por ingreso y la vulnerabilidad por carencia social [servicios públicos, p. ej. educación]. De tal manera, la persona catalogada/medida por CONEVAL como ‘pobre’, debe ser vulnerable en ambos aspectos [por ingreso y por carencia social]. En ese sentido, cuando la persona cumple las dos variables, pasa a medirse la magnitud de la vulnerabilidad social y por ingreso, para entonces definir si se encuentra en ‘pobreza’ o ‘pobreza extrema’. Expuesto lo anterior, conviene destacar que tanto CONEVAL como INEGI son organismos constitucionalmente autónomos, es decir, son 1) organismos que no están incorporados a ningún poder público clásico/tradicional [Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial]; 2) su autonomía se encuentra plasmada en la Constitución; y 3) el método de elección del órgano rector o de gobierno y/o del titular se encuentra claramente determinado a nivel constitucional. No obstante, es preciso señalar que la Junta de Gobierno del INEGI es designada por el presidente de la República, con la aprobación [mayoría simple, por miembros presentes] del Senado. A contraparte, el mecanismo de elección de los consejeros del CONEVAL establece requisitos de elegibilidad como: «no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular [Art. 26, Apartado C: CPEUM]», y ser nombrados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. De tal suerte, es a todas luces evidente advertir un mayor nivel de autonomía/independencia en CONEVAL por lo siguiente: 1) para el nombramiento de los consejeros de CONEVAL es necesaria mayoría calificada y no pertenecer a algún partido, mientras que en el INEGI sólo se exige mayoría simple; 2) para la elección de la Junta de Gobierno de INEGI, la coalición PRI-PVEM es prácticamente autosuficiente: ostenta 62 de 128 escaños en el Senado de la República; y 3) sin lugar a dudas, mientras mayor injerencia tenga el Presidente en la elección de los integrantes de ambos organismos, mayores son los riesgos de sesgo que pueden ocurrir en la medición de la pobreza, pues el Titular del Ejecutivo planea y ejecuta tanto el gasto social como las políticas públicas en materia de pobreza, ergo, los resultados de ese indicador lo señalan o benefician directamente.
Los muy autocomplacientes resultados producto de la nueva metodología, pueden cuestionarse a la luz de lo siguiente: el incremento de la pobreza de 2012 a 2014 [de 53.3 millones a 55.3 millones de mexicanos], a pesar de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el incremento del gasto público destinado al combate de la pobreza. No olvidemos que en este rubro pasamos de 310 mil millones de pesos destinados en 2012, a 379 mil millones en 2014. No obstante, tal parece que los resultados no son satisfactorios.
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