La construcción de las Villas Panamericanas se ejecutó en contra de la norma. La edificaron ilegalmente en una zona de reserva ecológica, entre el Bosque ‘La Primavera’ y el ‘Estadio Omnilife’. Ocasionará un daño irreversible, pues resulta afectada la superficie de amortiguamiento y captación de agua pluvial que abastece varios mantos acuíferos del ZMG. La inversión inicial se estimó en 750 mdp, aportando el terreno los coyotes de la inmobiliaria Cornejo Barragán –del Grupo Corey–. En su momento aseguraron que existía un crédito bancario a disposición para iniciar las obras, con ello generaron la necesidad al gobierno. El crédito nunca llegó, básicamente porque la construcción no reunía los requisitos de legalidad. Así que el Gobierno corrupto de Emilio González Márquez entró al rescate, y autorizó –también ilegalmente- usar recursos provenientes de su caja chica: el dinero que los trabajadores al servicio del Estado aportan para su pensión y jubilación.
De forma tal que Emilio González saludó con sombrero ajeno, y aportó el dinero para la construcción ilegal de las Villas Panamericanas, con dinero del Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Estado de Jalisco –IPEJAL-. Así fue que se destinaron, ilegalmente, 500 mdp del dinero de los trabajadores, a este elefante blanco. Como el negocio entre Grupo Corey y el gobierno de Emilio costó muchos moches, puesto que la obra tiene un costo inflado dos o tres veces sobre su valor real, tuvieron que meter más dinero a la construcción para pagar todos los favores. Así que, después, ordeñaron a la Promotora de Vivienda de Interés Público (IPROVIPE), a la cual le sacaron prácticamente todo su recurso anual: 450 mdp. La construcción de las Villas jamás tuvo los permisos legales para la realización del complejo, ni licencia de habitabilidad, pues el plan de desarrollo no permitía el uso de suelo para habitación. Pero el gobierno, cómplice de los constructores corruptos, financió la construcción a sobre precio (tres veces su valor), con el respectivo moche a los interlocutores.
El 07 de agosto de 2017, elementos de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hicieron presencia en la Villa Panamericana con la finalidad de dar seguimiento a las investigaciones por la averiguación previa 3791/2015, en respuesta a la denuncia por fraude y desvío de recursos, integrada en la agencia 13 de Abuso de Autoridad. Dejaron así inmovilizado catastralmente al inmueble, a petición de la Fiscalía, mientras el proceso judicial tenga vigencia. Llama la atención que la averiguación es de 2015, y dos años después, aparece por fin la Fiscalía.
Las acciones de la Fiscalía parecen querer frenar una de las alternativas propuestas por el Presidente Municipal de Zapopan, respecto al destino de la Villa Panamericana: instalar un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico –una especie de Ciudad Creativa Digital (tal vez está sí sea creativa y digital), pero en Zapopan–, como lo anunció a estudiantes de la Universidad del Valle de Atemajac en las inmediaciones de Campus Party 2016: «un lugar donde puedan convivir universidades públicas y privadas, así como empresas transnacionales relacionadas con la tecnología con un impacto muy bajo para el medio ambiente». Además, el Secretario General de Gobierno se manifestó respecto a que se investigarán y sancionarán «con mano firme» los delitos cometidos en la construcción de la Villa Panamericana, independientemente de lo cercano a las elecciones del 2018, pues es el «Estado de Derecho el que tiene que prevalecer», y en caso de observarse delito, «éste no tendría por qué quedar impune». Se han identificado cuatro probables delitos: desvío de recursos, fraude, abuso de autoridad y peculado, y pronto se darán a conocer a los responsables de los mismos, asegura Almaguer.
El caso es que se pretende sancionar solamente al corruptor (Grupo Corey), pero no al corrupto gobernador que autorizó ilegalmente el dinero para su construcción, nada menos que del dinero de IPELAL y de IPROVIPE. Esto pasa de noche para el Secretario de Gobierno y para el Fiscal General. Todo, tal vez debido al manto de impunidad que pactaron para Emilio González y su gobierno…