Sin lugar a dudas, la libertad de expresión en nuestro país se encuentra en una situación muy crítica. Indicadores en la materia hacen imposible sostener lo contrario. Los amargos retrocesos del periodismo mexicano en los últimos años contrastan con la –más que nunca– necesaria existencia de un periodismo robusto y consolidado.

Las sociedades modernas son de la información y del conocimiento. El principal activo del mundo es también la información. Asimismo, es incuestionable el hecho de que la libertad de expresión es el valor toral de toda democracia. El estatus cualitativo que guarda la libertad de expresión indica, en buena medida, el nivel de independencia y consolidación del periodismo, los medios de comunicación y las democracias modernas.

Más aún, la importancia de la libertad de expresión se pone en relieve si se considera que la ciencia es al desarrollo tecnológico lo que el periodismo es al desarrollo social. Ambos buscan la verdad –social o científica–, aunque sus alcances resulten ser siempre aproximaciones menos o más cercanas a ella.

Su incansable búsqueda por la verdad, tanto más exenta de sesgo metodológico se encuentre, resulta ser más benéfica para las sociedades. A la luz de lo anterior, conviene ilustrar el complejo y desafiante escenario de nuestro país en cuanto a la libertad de expresión.

De acuerdo con la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, México es –después de Cuba– el país latinoamericano que vive la más deplorable situación en cuanto a la “libertad de prensa”, según se advierte en suranking 2015 World Press Freedom Index.

No obstante, si se pone en retrospectiva la ubicación de México en este ranking, es importante señalar que nuestro país pasó de ocupar el lugar 75, en 2002, registrando para ello una puntuación global en la materia de 24.75 (donde cero es la calificación óptima y 100 la más pésima posible); para llegar en 2015 ostentar el lugar 148 a nivel mundial, con una puntuación final de 45.04.

Esto es, la libertad de prensa registra mayores y considerables retrocesos en toda la geografía nacional, año tras año. Pero no se trata de un dato aislado. Cabe destacar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coincide con lo registrado por Reporteros sin Fronteras.

De esta manera, de acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en los últimos 15 años (2000-2015), México fue el país más peligroso de las Américas para ejercer el periodismo, pues uno de cada tres asesinatos contra periodistas acaecidos en la región se cometieron en nuestro país.

Son igualmente reveladores los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) –correspondiente a la PGR– respecto a los delitos cometidos en contra de periodistas, vinculados al ejercicio de su profesión. Aunque ciertamente el número de homicidios en contra de periodistas ha registrado una baja sensible en los últimos años (en 2010 se registraron 13 homicidios, mientras que en 2014 sólo dos), el principal delito no fatal en contra de periodistas no ha dejado de crecer: la amenaza.

Mientras que en 2011 se registraron 11 averiguaciones previas por este delito (amenazas), para 2014 el número ascendió a 67. De hecho, todo parece indicar que este año se superara la cifra del año anterior, pues para la primera mitad de 2015 se han iniciado 37 averiguaciones previas en este sentido en la FEADLE, es decir, si se mantiene la tendencia se cerraría el año con un total de 74.

La reciente institucionalización de la FEADLE (Jul/2010) y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (DOF 25/Jun/2012) no arroja los resultados esperados.

Resulta prácticamente insostenible pugnar por la consolidación democrática de México, si no se pone atención sobre lo que ocurre con la libertad de expresión. Pero aunado a lo anterior, existen otros sustantivos problemas que obstaculizan el desarrollo de un ejercicio periodístico libre y crítico.

Si bien actualmente es prácticamente imposible la existencia de censura previa –lo que imposibilita la libertad de expresión–, ésta pasó a transformarse en “censura sutil”, que es la que se ejerce a través de la violencia para provocar la autocensura, así como la que prevalece en donde existen monopolios mediáticos y/o un desproporcionado gasto en publicidad oficial (una investigación propia concluyó que el 33 por ciento –cuando menos– de la inversión publicitaria anual en México proviene de entes públicos), es decir, la que la libertad de expresión que se forja a billetazos.

En ese sentido, con especial acierto la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA señala que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”…

Artículo redactado por Gabriel Torres en El Diario NTR