El día de ayer, Mural reportó que “La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en la evolución patrimonial de seis servidores públicos” (Mural/ Halla SFP anomalías en patrimonio de 6). El ejercicio para detectar las “irregularidades” fue muy sencillo: bastó con realizar  “la verificación de la evolución patrimonial de los servidores”, a la luz de sus ingresos como funcionarios. Así que la Función Pública ejecutó algo extremadamente elemental y encontró lo que eufemísticamente llamó “patrimonios incongruentes”.

Lo que resulta por demás sorprendente son los montos por los que supuestamente la SFP finalmente actuó en Pemex y en el IMSS, en contra estos seis funcionarios. Según la nota de marras, “los empleados de Pemex Refinación contabilizaron patrimonios por 3 millones 711 mil 287 pesos, 4 millones 378 mil 508, 4 millones 732 mil 407, 10 millones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109 pesos. En tanto, un trabajador del IMSS declaró un patrimonio de 3 millones 895 mil 183 pesos. Esas seis cantidades dan un total de 88 millones 245 mil 276 pesos, indicó la SFP”. Resulta que a la Función Pública le llamaron la atención patrimonios de 3 y 4 millones, respectivamente, pero no le alertan los casos de presidentes municipales, gobernadores, secretarios de los gobiernos estatales, delegados federales y secretarios de Estado, que en apenas 3 o 6 años resultan dueños de impactantes fortunas, con supuestos “empresarios”, muy allegados (sus prestanombres, claro está) que sorpresivamente encontraron la ‘gallina de los huevos de oro’.

Bajo este criterio de “patrimonios incongruentes”, del que hoy deja testimonio la SFP, ¿cuántos altos funcionarios soportan una revisión de sus bienes, para verificar que sean “congruentes”? A la fecha seguimos sin una denuncia para quienes cuadruplicaron el presupuesto inicial de los Juegos Panamericanos. Sigue impune el “robo del Siglo” en la Ciudad Judicial, que terminó costando 4.4 veces más de lo proyectado. Sin castigo continúan los diputados locales de la 58 y 59 Legislatura, que desviaron, al menos, 685 millones de pesos. Ninguna denuncia penal en contra de los autores del fraude de mil 840 millones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por las operaciones fraudulentas en “Chalacatepec” -el “nuevo Cancún”- y Villas Panamericanas (690 millones de pesos al IPROVIPE para la construcción de las Villas Panamericanas). Igualmente impune el 50 por ciento de los desvíos hechos a los recursos públicos federales destinados para el Seguro Popular en 2010 y 2011, documentados por la Auditoría Superior de la Federación; incluso los más de 600 millones pesos que dejó de cobrar el Ayuntamiento de Guadalajara, a grupo Mecano América, con el terreno cedido ¿regalado? a Iconia. Este es el mejor ejemplo de la política de ‘la vista gorda’.

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