Imagen: Mejores Mexicanos

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, de INEGI, la segunda autoridad con mayor nivel de percepción de corrupción en nuestro país es, justamente, los jueces (68.4%); tan sólo después ¡de las policías de tránsito! (76.6%). La floreciente corrupción en el Poder Judicial provoca que “la confianza en el Poder Judicial” en México, registre un persistente descenso. De acuerdo al Latinobarómetro: mientras que en 2002 ascendía a un 36%; para 2018 decayó a un 23%. Los casos de corrupción van desde la venta de exámenes para el ingreso para jueces (Poder Judicial destituyó a varios servidores públicos por vender exámenes de ingreso para jueces. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/06/poder-judicial-destituyo-a-varios-servidores-publicos-por-vender-examenes-de-ingreso-para-jueces/), hasta la venta de magistraturas en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

La semana pasada, en un video difundido por la cuenta de ‘La Méndiga Política’, se puede observar a Herbert Taylor Arthur, ex Coordinador de Innovación Desarrollo -con Emilio González Márquez-, donde detalla como algunos políticos del Partido Acción Nacional vendieron los cargos que el Congreso del Estado designaba para el Poder Judicial: «Acabábamos vendiendo las posiciones al mejor postor para que yo me beneficiara en primera persona». Uno de los hombres más influyentes del sexenio de Emilio González, finalmente reveló lo que era ya conocido entre el círculo rojo: que ciertos legisladores del PAN solicitaban millones a cambio de designar o ratificar a magistrados en el Poder Judicial. Independientemente de la reputación de Herbert, lo que señala que ocurrió, con nombres y montos, deja en evidencia el modus operandi para la venta de cargos públicos, a cambio de alianzas temporales con el partido en el poder.

Pero esto no es cosa del pasado. Durante el reciente proceso para designar cargos en el Poder Judicial, incluso se reformó la misma Constitución para el PAN pudiera colocar -otra vez- a una juez, que por cierto había reprobado el proceso de evaluación, misma que el pleno designó, violado la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial (reformada por esta legislatura) y la convocatoria lanzada por el mismo Poder Legislativo. Meses antes del proceso, el 28 de febrero de 2020, una nota del periodista Francisco de Anda, en Mural, denunciaba que “al perfilarse como una cuota para el Partido Acción Nacional (PAN), la intención es darle la posición a Claudia Esperanza Rivera Maytorena, confirmaron fuentes del Congreso del Estado. Como ella no cumplía los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución para el cargo, el año pasado tuvo que llevarse a cabo una modificación legal. Antes la ley exigía que los aspirantes a consejero juez del CJJ que tuvieran cuatro años en el puesto de juzgador; Rivera Maytorena tiene sólo tres años. Así que los legisladores del PAN, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Claudia Murguía, promovieron una reforma para reducir un año el requisito”. Y efectivamente, meses después, los negociantes del PAN, lograron su cuota y cometido. Vienen ahora nueve magistrados por designar… temporada alta para la venta en el Congreso.