Fotografía: CPS

Las leyes nacionales y locales del Sistema Nacional y los sistemas estatales anticorrupción, fueron discutidas y aprobadas en los poderes legislativos. La Comisión de Selección, para el nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, constituida por ‘ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la vida pública de nuestra Entidad’, fue una decisión única del Congreso del Estado de Jalisco. Esta Comisión de Selección –de la cual es responsable el Congreso del Estado de Jalisco–, fue la que eligió, mediante convocatoria y proceso público, a quienes hoy forman parte del Comité de Participación Social (CPS). 

Si existen nuevas reglas, y la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé más transparencia en el proceso para designar funcionarios en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, fue una reforma iniciada, presumida y aprobada –ojo– por esta legislatura local. Los términos de la convocatoria para la elección de cargos en el Consejo de la Judicatura, también fue decisión exclusiva de legisladores locales. La convocatoria estableció las etapas a seguir, las evaluaciones, y demandó la participación del CPS. También, de las universidades. De forma que el poder soberano de Jalisco decidió un conjunto de nuevas leyes y reglas, mediante una convocatoria en la que ellos admitieron, que, en efecto, ¡limitarían su margen de discrecionalidad! ¿Acaso no lo advirtieron?  
 
Nadie les impuso nada, ni los obligó a ‘vestirse de luces’ con este intrincado Sistema Anticorrupción. Dicho de otra manera, este entramado barroco está ahí, porque es creación, diseño y legislación, en ejercicio total de la ‘soberanía’ del Congreso ¿Entonces? ¿De dónde viene toda esa molestia y reclamos infundados al CPS? A más de dos años, el CPS apenas comienza a ejercer la tarea para la que fueron designados, con los perfiles que indirectamente eligieron, a través de la Comisión de Selección, nombrada por ¡diputadas y diputados! ¿Fue un mal cálculo?  
 
Entonces, ¿qué consecuencia esperaba el Poder Legislativo, si ellos mismos violaron la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Convocatoria que aprobaron, con las reglas que –sólo ellos– establecieron para la designación de los funcionarios en el Poder Judicial? Acaso la convocatoria que hicieron pública, ¿no requería reunir un perfil y acreditar ciertos procesos de evaluación? ¿No pusieron atención? Cierto, “el Congreso de Jalisco es el máximo órgano de representación jalisciense, facultado para designar los cargos públicos que constitucionalmente le fueron otorgados como poder público soberano”. Pero debe hacerlo en el marco de la ley, y con las reglas de su convocatoria aprobada. Tampoco puede ser anárquico. De forma que, ante el fracaso, la evidencia, el costo social y político que significa estos yerros -sólo atribuibles a los ‘genios’ que operan desde el Congreso-, ahora se alienta una campaña (otra vez, sumamente ineficaz) contra un miembro del CPS, con información maniquea de su vida privada, extraía y difundida ilegalmente, para que alguien pague ahora ‘los platos rotos’ de los traspiés de esta tristemente célebre legislatura; a la que, evidentemente, se la hace ‘bolas el engrudo’.
 
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/los-yerros-y-las-bolas-del-engrudo