Resulta de la mayor importancia para Jalisco la operación eficiente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Con justa razón empresarios y sociedad civil expresan su preocupación por los bloqueos que ocurren. Pero veamos el fondo del problema. Se trata de 307 hectáreas de terreno en disputa, desde hace 40 años. Más de 137 héctareas son necesarias para la ejecución de la pista 2 del aeropuerto y hangares, donde se alojarán también talleres.
Estas tierras fueron confiscadas a los ejidatarios en 1975, tras los decretos presidenciales expropiatorios para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El punto es que el gobierno jamás liquidó a los ejidatarios el terreno expropiado, como lo marca la ley. Los afectados son miembros del ejido conocido como «El Zapote». Después de 40 años de litigios en tribunales, el pasado 14 de abril de 2016, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dictó sentencia definitiva –ojo- en la cual se condena al gobierno federal al pago por la expropiación irregular. En aquél entonces, los ejidatarios recibieron 2.7 millones de pesos, que resultó una pequeña suma. El valor de las tierras en conflicto, en 1975, era de 15 millones de pesos. Los ejidatarios dicen que el pago resuelto en la sentencia debe hacerse a valor comercial agrícola actual (obvio), y ese es el motivo del desacuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Pero dicen que el que abona, ganas tiene de pagar. El caso es que el pasado mes de abril, los ejidatarios y la SCT acordaban un pago de 3 mil millones de pesos para terminar con el conflicto. Serían 2 mil 300 mdp para las 444 hectáreas y 703 mdp para bienes distintos. Pero ocurrió que, cuando llegó la hora de firmar, la SCT se hechó para atrás, y tiró todo el acuerdo por la borda. Incluso, cuando el Grupo Aeroportuario del Pacífico –GAP- estaba dispuesto a aportar parte del dinero, la SCT ofreció a los ejidatarios apenas 62 millones, según un avalúo suyo, realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) sobre las primeras 307 hectáreas, a un precio de ¡20 pesos por metro cuadrado!. Un robo evidente que naturalmente los ejidatarios rechazaron. Así que a razón de dos avalúos solicitados por los ejidatarios, estos indican que la indemnización alcanza un valor de 2 mil 600 millones de pesos. La sentencia es definitiva y el gobierno debe pagar, pero se niega a hacerlo, por lo que la protesta de los ejidatarios es absolutamente justificada.
Lo que ocurre hoy es una burda táctica dilatoria del gobierno federal, apoyada por el gobierno de Jalisco, para evitar que se cumpla la sentencia resuelta ya en última instancia en tribunales. Para ello han recurrido a toda clase de abusos, arrestos e intimidaciones, bajo el pretexto de salvaguardar el funcionamiento del Aeropuerto. Los empresarios de Jalisco deben considerar que esta arbitrariedad se comete en contra de gente de escasos recursos, que ha pasado un viacrucis por décadas para hacer valer sus derechos. Un derecho a la propiedad que los mismos empresarios le solcitan al Estado proteger ¿Por qué para los adinerados el gobierno les debe garantizar la propiedad privada, y para los marginados, es lícito el pillaje autoritario de sus tierras? Las protestas y los bloqueos ocurren por la desesperación de familias que agotaron todas las vías institucionales y jurisdiccionales por más de cuatro décadas, y el gobierno federal –y el de Jalisco de comparsa– se niegan a pagar lo que ya se sentenció, con todas las de la ley.
Quienes han detonado realmente este problema son los funcionarios públicos que se niegan a acatar la sentencia que favorece a el Ejido del Zapote. Esos funcionarios que prefieren alargar el problema para heredarlo a la siguiente administración. Para ello usan la violencia, el amago y ejecutan arrestos basados en cargos fabricados, obvio, contra gente marginada que no tiene poder, ni dinero. Un blanco fácil para los cínicos prepotentes que buscan notoriedad, bajo el frívolo logro de someter autoritariamente a ejidatarios que han recurrido a todos las instancias legales –y ganado en todas ellas– para hacer valer sus derechos…