Imagen: Revista Gente
Existe evidencia de una colaboración recíproca entre el poder empresarial y el poder adquirido democráticamente en las urnas por el gobierno de Jalisco en, al menos, los últimos 13 años. Una relación que en principio se supondría sana, excepto porque en algunos momentos se deja evidencia de que el gobierno actúa como un protector oficioso del poder económico de los ‘señores del dinero’ en Jalisco (el caso, por ejemplo, de las Villas Panamericanas, de Iconia o del ‘nuevo Cancún en Chalacatepec’). Desarrollos inmobiliarios que violan normas ambientales y de sustentabilidad, cambios absurdos de uso de suelo en detrimento de comunidades y áreas protegidas. Obras a precios exhorbitantes, recibidas en pésima calidad y con costos finales duplicados o triplicados. Utilización fraudulenta de los fondos de pensiones y jubilaciones para los más grotescos proyectos inmobiliarios, o compras de terrenos en complicidad con las autoridades del gobierno. Concesión de servicios públicos, bajo contratos cuasi irrevocables, que en los hechos convierten en rehén a los gobiernos de los intereses de estas ‘empresas’ (la basura, las luminarias, los espacios públicos). Asociaciones público privadas -APP- (la más novedosa y excesiva forma de defraudación) donde pierde habitualmente el gobierno, para que ganen particulares vinculados a las autoridades en turno (los negocios ‘al estilo Jalisco’). Los hechos indican que la autoridad del gobierno de Jalisco, durante los últimos 13 años, actúa como una ‘prolongación de los intereses de los dueños del capital’. En ello transcurrió un sexenio del PAN, uno del PRI y los que va del gobierno de MC.
Un comportamiento que supera la alternancia partidista, los relevos generacionales y la dicotomía entre liberales y conservadores, entre izquierdas y derechas. Una simbiosis cada vez más preocupante que mezcla el gran poder económico de algunos empresarios de Jalisco, concentrado en una pequeña élite, y el grupo de poder en turno en ejercicio del gobierno. Ambos, en defensa de sus intereses, que rara vez coinciden con los de la sociedad o la ciudad. De forma que, los últimos 13 años, el poder lo detenta una peculiar alianza entre las cúpulas empresariales y gobierno en turno. Así que nuestra democracia empodera a un reducido grupo de privilegiados, que usan un control cada vez más desproporcionado de la riqueza y el erario público. Incluso, de los recursos que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación, mismos que en cada sexenio los controles se debilitan para facilitar los fraudes millonarios y las inversiones ilegales desproporcionadas. A medida que transcurren los años, estos intereses se fortalecen en la intimidad de la complicidad, y sobrepasan alternancias democráticas, relevos generacionales, transparencia, fiscalización y hasta políticas anticorrupción. También, parece adquirir carta de naturalidad el abuso deliberado de unos y otros, sobre el presupuesto público.
Como diría Engels (1848) “los gobiernos son prolongaciones de los intereses de los dueños del capital: los grandes empresarios. El ejecutivo del Estado, no es más que un comité encargado de administrar los asuntos de la burguesía”. Gobiernos cambian de partido, de generación, de ideología (si es que sostienen alguna), pero la práctica de gobernar para los propósitos particulares de una reducida élite se fortalece, se normaliza y hasta se defiende con argumentos sacados de contexto, como el empleo y la generación de riqueza. La autoridad del gobierno se ejerce a plenitud, fundamentalmente, para la más vergonzosa defensa de los negocios que violentan normas, que destruyen el medio ambiente o que afectan a la ciudad. El gobierno, gobierna, pero en beneficio de un reducido grupo, privilegiado por años.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/poder-economico-y-politico