El primer decreto estatal, con medidas de ‘austeridad’, lo publicó el Gobierno de Jalisco, el martes 12 de marzo del 2013. El 1 de enero de 2015, entró en vigor la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios. El 15 de Julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó “los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. Esas 50 medidas incluyen la reducción de las remuneraciones de la administración pública federal y eliminar “privilegios”.
Se prohíben bonos, lujos y exceso de “asesores” en las dependencias federales. Las medidas de austeridad han resultado bastante populares entre la población. Obviamente, terriblemente repudiadas entre los altos funcionarios públicos. Debido a ello, se cancelarán los seguros médicos privados con cargo al erario, una ‘prestación’ que se auto otorgaban los que desprecian el sistema público de salud del mismo gobierno, y optan por el privado, off course, con costo para el contribuyente. Si ahora desean un seguro médico privado, deberán pagarlo de sus propias remuneraciones.
Las medidas incluyen “no autorizar la contratación de despachos, consultores externos para elaborar proyectos de los servidores públicos”, para lo cual el gobierno tiene áreas con personal. Tareas que hoy son duplicadas por despachos externos, que también le cobran por la misma función. Como es el caso con las ‘agencias’ consultoras de comunicación, que se llevan hoy millones, cuando existen para ello áreas de comunicación social suplantadas por las ‘agencias’, que también cuestan al erario. Esto de subcontratar lo que le corresponde a las dependencias del gobierno (como se hizo con Autotraffic), se había convertido en una práctica común que no sólo duplicaba tareas, sino que multiplicaba los costos.
En especial, se menciona a esas partidas que tenían los diputados a su decisión para disponer de presupuestos públicos y recibir una comisión por su ejercicio. Un abierto soborno de la Secretaría de Hacienda a los legisladores federales para aceitar, con dinero público, la aprobación de las iniciativas del presidente de la República. Naturalmente las resistencias no se hicieron esperar. Pronto salieron los oficiosos alegando que sus privilegios son “irrenunciables”. Que las remuneraciones ilegales que superan la del Presidente y la del Gobernador, “no se pueden disminuir”. Para ello citan jurisprudencias, en un intento desesperado por defender… lo indefendible.
Para sorpresa de muchos, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, ayer “ordenó que se reduzcan los gastos del Poder Judicial de la federación en la compra de bienes, realización de eventos y se generen ahorros” (el Universal. 1/08/2018). Austero significa sobrio, sin excesos. Rigurosamente ajustado a las normas. La ‘austeridad’ no necesariamente significa una política de recortes presupuestales, sino de prudencia en el gasto público. Recortar la inversión pública, desincentiva el crecimiento económico y causaría un mayor malestar social por la falta de empleo. Para tener el contexto de lo que ha provocado que se proponga aplicar una “política de austeridad republicana”, considérese –por ejemplo- que justamente “un Ministro de la SCJN gana en México 269 mil 215 pesos al mes, y recibe 444 mil 380 pesos por los conceptos de aguinaldo y prima vacacional, y 554 mil 595 pesos de pago por riesgo. Un total de 4 millones 229 mil 555 pesos al año” (López Dóriga Digital).
Justo por eso, la prudencia del gasto invita a revisar estas remuneraciones. Si lo que se entiende por ‘austeridad’ implica una reducción de los ‘privilegios de la alta burocracia’, del exceso de personal, de la duplicidad de funciones y de la corrupción, sin duda que la medida ayudará a que México disponga de más recurso para invertir en lo estratégico. Austeridad no debe ser entendida como recorte del gasto social. Una mayor prudencia del gasto público podría traer un efecto positivo en la economía en el mediano y largo plazo. Básicamente porque se podrá destinar más recursos y de forma más efectiva al crecimiento de la infraestructura nacional, de la calidad de los servicios públicos y al combate a la pobreza.