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Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los jueces y magistrados se colocan como las autoridades que son percibidas como más corruptas, con un 74.5 por ciento. Los policías de tránsito (73.3%), la policía preventiva municipal (69.6%), ministerio público y procuradurías estatales (61.4%), Fiscalía General de la República (61.2%), policía estatal (61%), policía ministerial o judicial (60.2 por ciento), policía federal (55.9 por ciento), ejército (24.7%) y marina (17.1%).
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, el Tercer Circuito, correspondiente al estado de Jalisco, “ocupa el primer lugar a nivel nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados”. Desde 2015, más de 80 juzgadores han sido nombrados con base en las ‘listas de reserva’, y todavía quedan más de 100 para ocupar el cargo en materias, penal, civil, familiar o mercantil.
De acuerdo con Mural, 18 de los 26 magistrados que integran actualmente el Supremo Tribunal de Justicia -STJ- están emparentados, al menos, con 68 funcionarios judiciales. De manera extraoficial se sabe que los partidos políticos, a través del sistema de ‘cuotas y cuates’ para integrar las magistraturas del STJ, las venden al mejor postor: de acuerdo con el ex coordinador del Gobierno del Estado, Herbert Taylor Arthur, otrora diputados del PAN vendieron, al menos, 17 de estas posiciones [que corresponden al STJ y al TJA (antes TAE)], entre cuatro y cinco millones de pesos. Impune y flagrantemente, consejeros y magistrados, tanto federales como locales, se pasan por ‘el arco del triunfo’ el artículo 127 constitucional, que dispone que ningún servidor público podrá tener una remuneración mayor al del titular del Poder Ejecutivo.
Incluso, el Consejo de la Judicatura, que en teoría es el órgano interno de control del Poder Judicial, es el que alienta la corrupción a su interior. Sin embargo, lo peor del caso es que las autoridades que ejercen facultades de control en este Poder, se ‘rasgan las vestiduras’ en el discurso, aunque en los hechos fomentan sus nocivas prácticas. El cinismo es tal que, para evitar la crítica de la opinión pública, el 15 de octubre pasado, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Legislativo, a efectos de que la ulterior designación de consejerías y magistraturas, los aspirantes a dichos cargos ya no tengan que demostrar un alto grado de conocimientos, al eliminar el requisito de obtener una calificación mínima de 80 en la prueba que se les aplica. Tienen que aplicar un examen, ¡que ya no es necesario aprobar!
El Legislativo, por ejemplo, tiene facultades ex ante de control en el Poder Judicial, al momento de nombrar a sus integrantes. No obstante, omiten criterios meritocráticos para salvaguardar el de los ‘cuates’ incondicionales dispuestos a torcer la ley para responder a sus mentores. Como facultad ex post de control, el Legislativo dispone del juicio político, mismo que mantiene en desuso para destituir e inhabilitar un consejero o magistrado corrupto.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/por-que-se-disputan-el-poder-judicial