Cambio en la presidencia nacional del PRI, cambio en la secretaría de la función pública, promulgación de reformas que pondrán en marcha un Sistema Nacional Anticorrupción y una disculpa pública inusitada del presidente de la República por el tema «casa blanca», en definitiva, ¡no son hechos aislados! Algo importante se maquina en las altas esferas del gobierno federal. Recordemos que el siguiente año se disputa el estado electoralmente más importante para el PRI: el Estado de México. Una difícil prueba para el presidente y su partido, en lo que se considera el bastión y el corazón del Revolucionario Institucional. De seguir en la inercia actual, de pérdida creciente y constante de credibilidad, sería inevitable la derrota del tricolor en 2018. De tal suerte que el Presidente y su equipo más cercano de colaboradores perfilan acciones y decisiones en uno de los temas más sentidos para la población: el combate a la corrupción y la impunidad.
Después de la disculpa del presidente, que naturalmente ha recibido todo tipo de reservas y descalificaciones, se perfila la sanción a varios ex gobernadores y políticos de alta envergadura. Si el gobierno de Enrique Peña logra meter a la cárcel a peces gordos -de su propio partido y de otros partidos-, el efecto de esas acciones podría detener esa caída constante que parece llevar la imagen del presidente y del gobierno federal. Podría ser una buena forma de dejar un testimonio de combate real a la corrupción, aunque, tal vez con ello, el mismo presidente estuviera cortando la rama en la que está sentado. Eso es lo que indican esta serie de medidas de ajuste que se ejecutan desde la presidencia de la República. Naturalmente, la apuesta es tan arriesgada como temeraria. No obstante, estaría en el camino correcto.
Un deslinde mediático de la corrupción y la impunidad es un recurso que efectivamente ha estado al alcance del presidente Peña y de los gobernadores del PRI. Lo han podido hacer, pero la red de complicidades y la falta de voluntad política lo ha impedido. Pero hoy se trata de renovarse o morir, y aún está por verse si esta medida sería lo suficientemente sólida para producir una reacción que le recuperara aceptación al presidente y su partido. Pero en principio, el grueso de los mexicanos celebraría un ejemplar castigo para esos que gobernaron estados, se convirtieron en inmensamente ricos y gozan hoy de una ofensiva impunidad que denigra la confianza que se pudiera tener en las instituciones del gobierno (léase Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Así que en fecha próxima podríamos saber de ordenes de aprehensión y detenciones de personajes de distintos partidos que tienen una cola tan larga y visible, como apestosa.
Tendría que comenzar con la mano firme del Presidente, para que varios gobernadores de su mismo partido –como el de Jalisco- entendieran que una de las causas que motivaron la derrota del PRI en las pasadas elecciones fue, justamente, la tolerancia absurda que ellos han tenido a gobiernos corruptos, y la impunidad que alienta más enriquecimiento ilícito. La promulgación del paquete de reformas que crean el Sistema Nacional Anticorrupción debe legitimarse con un ejercicio de autoridad que apunte en esa misma dirección. Lamentablemente, en los gobiernos locales impera la visión obtusa de la complicidad, desde una zona de confort de los gobernadores que lejos de combatir nada, trabajan en pactos inconfesables para intentar comprar protección política para su propia gestión.
El activo más importante en el ámbito público es la credibilidad. No es posible conseguir confianza cuando no se acredita, en absoluto, un deslinde con la corrupción, como le ocurre al gobierno de México y al gobierno de Jalisco. Resta ya muy poco tiempo para que corrijan, pero todo parece indicar que se prepara una coyuntura para un cambio de rumbo, que está por verse si será suficiente. Por ahora que pongan las barbas a remojar Guillermo Padrés (Sonora), Rodrigo Medina (Nuevo León), Fausto Vallejo (Michoacán), Tomás Yarrington y Egidio Torre (Tamaulipas), Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Marcelo Ebrard (Ciudad de México) y Emilio González Márquez (Jalisco), entre otros..