Fotografía: UDGTV
En Jalisco, la justicia simboliza un botín que, asienten, debe quedar en manos del partido en el gobierno. Bajo esa lógica de componenda, prevalece la voluntad despótica del grupo dominante, a través de una mayoría inconmovible que tranza desde el Legislativo. Los métodos de sometimiento social se justifican bajo el argumento de que “el Congreso de Jalisco es el máximo órgano de representación jalisciense, facultado para designar los cargos públicos que constitucionalmente le fueron otorgados como Poder Público soberano” (‘Acuerdo Legislativo’ aprobado el martes pasado). No puede confundirse mayoría, con legalidad o idoneidad. Tampoco justificarse la aprobación de amagos y veladas amenazas, bajo la fachada de ‘Acuerdo Legislativo’, a través de una mayoría que arguye que, por serlo, le asiste el derecho al despojo, incluso al violar la Constitución, las leyes o sus propias convocatorias para designar funcionarios.
Lo ocurrido el pasado 21 de julio, con ese ‘Acuerdo Legislativo’ votado 22 días después del grotesco reparto de cargos en el Consejo de la Judicatura, visiblemente busca acallar voces, desestimar la crítica fundada y provocar la censura al interior del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Llegaron al cinismo de rememorar “tres millones, trescientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y seis votantes”, como manifestación para reclamar el derecho al despojo sobre los cargos públicos en el Poder Judicial, para repartirlos como botín a sus ‘cuates’, mediante un pillaje basado en ‘cuotas’. Ese proceder ilegal e ilegítimo de legisladores vergonzosamente sometidos, que trasgreden sus propias normas, conduce a un deterioro mayor en el Poder Judicial. Redujeron el Consejo de la Judicatura a un apéndice palero del gobierno. Esto fue advertido públicamente -mediante carta abierta- por 140 firmas de académicos, periodistas, empresarios y el propio Comité de Participación Social.
Corrompen la separación y el equilibrio entre poderes, para colocar incondicionales en un Poder al que en este momento le urge una mayor autonomía. Se impusieron en votación, y para ello violaron la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Convocatoria que los diputados aprobaron, con las reglas que –sólo ellos- establecieron para la designación de los funcionarios que debían reunir un perfil y acreditar ciertos procesos de evaluación.
Un Congreso no es un régimen de mayorías ofuscas y anárquicas, sino un sistema deliberativo legal y de acuerdos. Son los representantes populares democráticamente electos, pero no por ello impunes para quebrantar la ley. Pero la ‘refundación’ no concibe de pluralidad, equilibrios y legalidad, sino de imposición y amagos. Justo de esa tiranía que se duelen sus legisladores federales en el Congreso de la Unión, es precisamente la que en Jalisco practican corregida y aumentada. Imaginan al Poder Judicial como un botín, y las más lucrativas funciones públicas las asignarán a sus secuaces y cómplices ¿Hasta qué punto un grupo de diputados debe amenazar el razonamiento libre de los miembros del CPS? ¿Es legítimo oponerse a un poder que viola la ley? ¡Por supuesto! Porque con este proceder representan hoy el despotismo en Jalisco.
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