Ayer 16 de noviembre, Excélsior publica una nota titulada “También está en la mira Emilio González, exgobernador de Jalisco”. En la narrativa de marras, Excélsior señala lo que en Jalisco ya son lugares comunes: Que “hasta febrero de 2015 se habían presentado 12 denuncias penales en contra de funcionarios de la pasada administración”. Que desde “el 28 de noviembre de 2013, en la sesión del pleno del Senado, el PRI presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhortaba a la Fiscalía de Jalisco para que llevara a cabo las investigaciones correspondientes”. Que se detectaron irregularidades por siete mil 573 millones de pesos sólo en la cuenta 2012, del último año de Emilio González Márquez.
Ayer mismo, Notisistema informó que “el grupo parlamentario del PRI en el Senado recordó que también el ex gobernador de Jalisco, Emilio González, está acusado de actos de corrupción. Por tanto, los legisladores tricolores promoverán una propuesta para pedir a la Contraloría de Jalisco ofrezca un informe sobre el avance en los procedimientos iniciados por los presuntos desvíos de recursos. Revelan que tan sólo en obra pública se detectó el desvío de 2 mil 531 millones de pesos”. Para dimensionar el asunto, en Tabasco, a Andrés Granier se le investigó por un presunta malversación de fondos que sumó dos mil millones de pesos. Pero al Granier de Jalisco, se le detectaron por la Auditoría Superior de la Federación tres veces más irregularidades. De este monto total de recursos observados al gobierno de González Márquez, mil 932 millones de pesos son anomalías ocurridas por los ex secretarios del gabinete, mientas que cinco mil 188 millones de pesos son irregularidades cometidas por diversos Organismos Públicos, como el CAPECE, el CODE, el IPEJAL, Servicios y Transportes, entre los más representativos. Aquí se suma el maga fraude en la compra de terrenos en Chalacatepec, vendidos a IPEJAL a tres veces su valor. En la Secretaría de Desarrollo Rural, con 22 millones observados por la ASF, sólo en recursos federales. En la compra de 39 motoconformadoras defectuosas chinas, por más de 6.4 millones de dólares. Se suman el “Robo del Siglo” en la Ciudad Judicial (para que así lo calificara Vega Pámanes, habrá que ver de qué tamaño es en realidad), o el “robo al pueblo” en el Congreso, con el caso López Castro.
Solamente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco –IPEJAL–, el gobierno de Emilio González dispuso de mil 497 millones de pesos que de manera fraudulenta, mismos que se destinaron a inversiones de riesgo en Chalacatepec y las Villas Panamericanas. Una fraudulenta compra de parcelas a sobre precio, que en realidad se pagaron con el dinero que IPEJAL aportó, y que la empresa Rasaland compró a un valor ocho veces menor al que reportó a pensiones, para hacerlo socio de esta multimillonaria estafa. Agréguese, además, los 340 millones de pesos que fueron aportados para la construcción de la Villa Panamericana de manera fraudulenta, cuando no contaba con ningún permiso y violentaba todos los planes parciales. En la larga lista de atracos, destaca un desvío por mil 63 millones de pesos del programa Seguro Popular en Jalisco. El gasto delictivo en el CODE por los fraudes cometidos durante los Juegos Panamericanos, la falsificación y alteración de firmas para el programa “Contigo Educación y Deporte” de la Secretaría de Desarrollo Humano y la revisión a la adjudicación de obras para edificios escolares del CAPECE. Así que frente a tanta evidencia, lo senadores no deben pedir, sino rogar de rodillas a las autoridades de Jalisco para que investiguen. Mientras en varios estados los gobernadores Duarte (César y Javier), Roberto Borge y Guillermo Padres son investigados y perseguidos, en Jalisco simplemente no hay determinación para castigar a Emilio González. Porque la evidencia, con todo el tiempo transcurrido (cuatro años), sin haber siquiera citado a declarar al ex gobernador por tanta fechoría, nos dice que no existe en voluntad política ni del gobierno, ni de su principal oposición (los naranjas), para llamar a cuentas al anterior gobierno. En Jalisco se confirma que, el que la hace, no la paga…