El Senado aprobó la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, pero le dio la vuelta a la propuesta para obligar a todos los funcionarios a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de interés, con el formato de la plataforma #3de3. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión, donde seguramente espera otro acalorado debate.
En un adendum, el pleno del Senado avaló que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicación pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Si bien lo aprobado establece la obligatoriedad de publicar las declaraciones patrimonial y de interés, los funcionarios tienen la posibilidad de mantener en reserva “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. Es decir, no será obligatorio que se hagan públicos detalles de estas declaraciones, como los montos de sus cuentas, los valores de sus propiedades y especificaciones como la ubicación de inmuebles.
En el paquete de nuevas leyes se prevé la creación de una Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República. La Fiscalía será un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere actos de corrupción, y contará con agentes del Ministerio Público especializados.
Ahora bien, el punto que más ámpula levantó, no sólo es que no se hará pública la declaración 3 de 3 de los funcionarios, sino que la ley prevé que incluso los empresarios que hacen negocios con el gobierno, deberán presentar la declaración 3 de 3. Si hoy la ley ya hace sujeto obligado de la transparencia a las empresas y empresarios que reciben recursos públicos; sanciona a particulares y empresas que se coluden en actos de corrupción; y los empresarios son actores determinantes de la corrupción, ¿por qué se debería de excusar a los empresarios que hacen negocios con el gobierno, de la obligación de presentar la declaración 3de3?
Las personas físicas y morales que estén en el padrón de proveedores y/o participen en una licitación, adjudicación o contrato convocado/solicitado por un ente público, deberán también hacer su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
AUNQUE FALTA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ESTABLEZCA EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA 3 DE 3, ESTO SIGNIFICA A TODAS LUCES UN GRAN AVANCE.
Recordemos que la corrupción necesita de dos elementos sine qua non para ocurrir: un corrupto [funcionario público] y un corruptor [empresario].
No obstante, que se transparente o no la corrupción, no la inhibe en realidad, como bien lo argumenta Sergio Sarmiento en su columna publicada en Mural: “la impúdica exhibición del patrimonio de los funcionarios y sus parientes no eliminará la corrupción” (17 de junio de 2016). El acento en una reforma que pretenda establecer mecanismos eficaces contra la corrupción pasa, necesariamente, por una reforma al sistema de procuración e impartición de justicia.