La semana pasada, la presidenta municipal de Tlaquepaque dio a conocer que quien era su secretario general, Gustavo Flores Llamas, sería separado de su cargo porque se le detectaron “diversos trámites de transmisión patrimonial (cambio de propietarios de inmuebles) irregularidades en los procesos de escrituración y de inscripción de las mismas”. Informó el Ayuntamiento que el secretario general intentó favorecer la escrituración de casas habitación a favor de la firma “MetroFinanciera, Sociedad Anónima de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada”. Debido a esto, María Elena Limón señaló que interpuso una denuncia penal “por la probable comisión de diversos delitos, como ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, peculado, desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades, falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas”.
Aunque es común que a su gobierno se le critique por los múltiples cambios efectuados en lo que va de su gobierno, habría que admitir, en honor a la verdad, que se trata de una acción clara, puntual y sobradamente fundada para remover a un funcionario municipal. Incluso, podría decirse que buen parte de los cambios que ocurren en los gobiernos municipales y en el gobierno de Jalisco se deben a evidentes actos de corrupción, dados a conocer en los diarios, sin que de ello se derive nada más que la remoción del funcionario aludido.
Por ejemplo, Joel González Vargas, ex auxiliar administrativo de la Junta Especial No. 11, fue puesto a disposición del área jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, iniciando sólo un proceso administrativo para su destitución. Delito: Agresiones, amenazas, soborno. No se conoce por parte de la Fiscalía denuncia o acreditación de comisión de delito. Está también el caso de los 66 Abogados “talibanes” y 30 funcionarios de gobierno, entre ellos presidentes de juntas especiales, presidentes auxiliares, procuradores del trabajo, notificadores, etcétera, quienes por sus acciones y omisiones permitían que algunos abogados ganaran casos laborales contra el Gobierno del Estado. Se trata de alrededor de 8 mil casos. Nada ocurrió. Incluso, Alberto Uribe Camacho señaló corrupción dentro del TAE (Tribunal de Arbitraje y Escalafón), pero no presentó denuncia.
Para mejor ejemplo de impunidad, el más elocuente. Luis Carlos Vega Pámanes, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, se vio forzado a renunciar como magistrado el 10 de noviembre pasado, al comprobársele antecedentes penales, y haber intercedido ante la Policía de Guadalajara para liberar a dos personas detenidas. No se conoce por parte de la Fiscalía denuncia o acreditación de comisión de delito. Es claro que la impunidad es hoy la mayor asignatura pendiente de nuestros gobiernos…