El 22 de mayo, el Gobernador de Jalisco envió al Congreso del Estado la iniciativa de reformas constitucionales complementarias para implementar el Sistema Estatal Anticorrupción. La iniciativa de marras dará «autonomía» a la Fiscalía Anticorrupción. La propuesta contempla mayores facultades de investigación y denuncia para la Contraloría del Estado, sumándose a las iniciativas que ya han sido presentadas por las fracciones legislativas, con la finalidad de ser aprobadas antes del 18 de julio de 2017 –fecha límite para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción–.
La mala noticia es que se pretende que el Tribunal Administrativo del Estado –el órgano jurisdiccional con más acusaciones de corrupción- se transforme en el Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad de que determine e imponga las sanciones tanto a servidores públicos, como particulares que incurran en actos de corrupción, estableciendo las atribuciones de las instancias administrativas y jurisdiccionales, cuya labor será la identificación, prevención, investigación y sanción de actos corruptivos no sólo contra la administración pública, sino también en contra de los principios constitucionales en materia anticorrupción. Imaginemos que tan eficiente podrá ser el Sistema Estatal Anticorrupción, que descansará justamente en el tribunal más corrupto de Jalisco. Un contrasentido que tira por tierra todo lo dicho en la iniciativa, cuando todos advertimos que ese organismo está putrefacto con los peores vicios, justamente, relacionados con la corrupción. Un Tribunal que -debido al menos a dos magistrados- se ha convertido en el enemigo número uno de la ciudad, al autorizar todo lo que expresamente la norma prohíbe.
La iniciativa del gobernador parte de una ingenuidad gigantesca o de una deliberada suerte de gatopardismo -al cambiar algo, para que todo siga igual-. Si hay un rubro en donde acusa rezagos este gobierno, es justamente en el combate a la corrupción. Incluso, tal pareciera que la alienta, deliberadamente. Así ha pasado con la insultante impunidad de que goza Emilio González Márquez, gracias a los pactos inconfesables que tuvo con este gobierno. Incluso, para botón de muestra, está el fraude cometido con el dinero de los trabajadores en Chalacatepec (ese elefante blanco que se comió el dinero de las jubilaciones), el caso de las Villas Panamericanas, las estafas cometidas en el Parque Morelos, el desfalco en los Juegos Panamericanos, el Estadio de Atletismo, o las compras a sobre precio en el Macrobus. Los 3 mil millones de pesos de fraude en el Seguro Popular, los cientos de millones de pesos robados en la SEDER, o el atraco en el Instituto Promotor de la Vivienda –IPROVIPE-. El «Robo al pueblo», señalado por el gobernador en el Congreso de Jalisco, o el «Robo del siglo», cometido en la construcción de la Ciudad Judicial. Todos impunes por la falta total de voluntad política de este gobierno. Incluso, con el artero atraco a la ciudad cometido con Iconia y, a partir del primero de junio, el restablecimiento del burdo negocio encubierto de política preventiva, llamado fotomulta. Una acción concertada entre gobierno y empresa, que pactaron una cuota total de multas a imponer por mes, para que la empresa Autotraffic pueda llevarse el 40% de cada multa pagada (con la respectiva tajada a sus entusiastas defensores). Porque a más multas… más negocio.
En este contexto de pura demagogia, se habla de un Sistema Estatal Anticorrupción. Justo en un Jalisco corroído por la red de complicidades multipartidistas que permiten todo tipo de negocios, «al estilo Jalisco»… Esos donde pierde el contribuyente para que se enriquezcan los empresarios que trafican con el poder, obvio, siempre en contubernio con funcionarios de los gobiernos, de todos los partidos. Un Sistema Estatal Anticorrupción, cuando hay una red de complicidad que abarca a todos los partidos, parece una vil tomada de pelo. Para combatir la corrupción no hace falta más burocracia, ni un sistema que descanse ¡en el TAE!. Se necesita, simplemente, la voluntad política que, ni el gobierno de Jalisco, ni los gobiernos municipales, acreditan hoy en su forma de gobernar…