En los últimos días, el titular del Poder Judicial del Estado de Jalisco y el Fiscal General del Estado han tenido sendos desencuentros en tareas concernientes a la procuración e impartición de justicia de un caso en específico, la libertad anticipada de Ricardo Silva Arévalo, El Toro, quien de acuerdo al Fiscal General es “toda una leyenda como asaltabancos y en camiones blindados”. Debido a ello, la Fiscalía General del Estado presentó una denuncia penal en contra del Juez Segundo de Ejecución de Penas, Mónica Patricia Íñiguez Soto, por la reducción parcial de la pena y la libertad condicional de El Toro, además de una queja en contra de la juez ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la segunda registrada en los últimos 20 años en el Poder Judicial estatal. Por su parte, Vega Pámanes calificó la queja como deficiente y mal planteada, que el proceso de su destitución se llevaría a cabo conforme al debido proceso –al que sólo tienen derecho los ricos y poderosos– y que los señalamientos a los jueces no venían más que de “un hombre mediático que construye sus historias (…) Ignorante [y un largo etcétera]” (MILENIO; 24/Dic/2015). La forma es fondo: mientras que el Fiscal ha sido institucional en sus señalamientos, los del titular del Poder Judicial del Estado parecen más “chismes de lavadero”, con “doña Chonita”.
El tema de fondo en este problema es la impunidad, misma que se explica desde la falta de confianza para denunciar los delitos [cifra negra], hasta el hecho de que los agentes del ministerio público no saben o no quieren investigar correctamente un delito; o bien, porque un juez cobra por dictar un auto de libertad o emitir una sentencia en tal o cual sentido. Todo parece indicar que el lamentable caso en comento tiene que ver con esto último. Vega Pámanes sostiene que de 2013 a la fecha han cesado a 10 jueces estatales, de un total de 194 de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015, del INEGI, esto es, el 5 por ciento. No obstante, los esfuerzos parecen ser pocos si tomamos en cuenta que la Asociación de Bancos de México, en su estudio “Administración de Justicia” publicado en 2013, situó a Jalisco en el lugar número 26 –de entre las 31 entidades federativas– en materia de estado de derecho, vinculando este indicador únicamente a la calidad de la impartición de justicia en nuestro estado [no a la procuración]. Aún más, de acuerdo al Censo del INEGI señalado líneas arriba, el año pasado Jalisco apenas aplicó sanciones administrativas al 1.1 por ciento de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, cuando un estado como Oaxaca quintuplica prácticamente el número en este indicador, para registrar un 5.2 por ciento. No obstante en este debate, indigna la cisión obtusa que pretende negar lo evidente, la cada vez mayor y más ramplona impunidad en Jalisco.